En
el “top 10″ de las irregularidades administrativas del Gobierno.
Vía
El Universal de Venezuela
Los
casos de tráfico de influencias y malversación de fondos documentados desde
1999 no caben en una página, pero ahora que el Gobierno y sus aliados andan
buscando corruptos en la acera de enfrente, aquí hay una suerte de “top 10″ de
muchas de las denuncias varadas en Fiscalía.
No
es que el Gobierno del presidente Hugo Chávez haya inaugurado la corrupción
venezolana. La diferencia, explica la diputada del estado Carabobo por Proyecto
Venezuela, Deyalitza Aray, es que “ahora los poderes públicos no tienen
autonomía y manifiestan un claro manejo político de la lucha anticorrupción”.
Desde
la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, Aray no se opone a los
homólogos del PSUV que piden investigar las últimas gestiones de Nueva Esparta
y Monagas. Pero advierte que antes hay una cola de casos como el de la
Cementera Cerro Azul, que aún espera a pesar de los 390 millones de dólares que
el Gobierno destinó en sociedad con Irán.
“Es
muy fácil hablar de especulación –dice– pero la corrupción tiene incidencia en
la inflación: presiona y revierte el consumo de los bienes y servicios”.
TOP
10 DE LA CORRUPCIÓN
MAKLED.
Prófugo de la justicia venezolana para entonces, Walid Makled apareció en 2009
de tercero en la lista de narcotraficantes más buscados por la Casa Blanca. A
partir de allí, empezaron a salir una serie de vínculos con el Gobierno por
haberle facilitado carnets, concesiones y contratos. Makled fue apresado en
2010 en Colombia, desde donde acusó a varios ministros y 15 generales por
corrupción, contrabando de armas para la guerrilla colombiana y tráfico de
estupefacientes. En Venezuela, sin embargo, ha preferido guardar silencio a lo
largo de un juicio en el que los altos funcionarios quedaron excluidos de la
lista de testigos. Entre tantos vínculos que le han achacado con el alto
Gobierno, en los últimos años ha circulado una carta de agradecimiento que
salió de Miraflores a la Fundación Makled “en nombre del Comandante
Presidente”.
PDVAL.
Más de 120.000 toneladas de alimentos descompuestos advirtieron en 2010 sobre
una cadena de funcionarios que importaron comida con dólares preferenciales,
para dejarla pagando flete en los puertos del país. El escándalo salpicó a una
serie de pesos pesados de Pdvsa entre los que figura Egli Ramírez, tío del
ministro Rafael Ramírez. Según el Ministerio Público, se perdieron 2.200
millones de dólares que hubieran servido para comprar más del doble de los
productos lácteos que cada año se consumen en el país. Tres años después, el
caso ha sido una papa caliente que ha pasado por cinco tribunales; los únicos
tres imputados esperan al sexto juez desde sus casas. Aunque la justicia obliga
a sacar de la cárcel a los presos que lleven más de un año esperando juicio,
los de Pdval son uno de los pocos que gozan de ese beneficio.
ILLARAMENDI.
El empresario Francisco Illaramendi se declaró culpable en marzo de 2011 por
una estafa que, entre el dinero perdido, destacan 540 millones de dólares del
fondo de pensiones de Petróleos de Venezuela. La empresa estatal asumió el
hueco que sufrieron los trabajadores, pero Julio Montoya, Ismael García y otros
diputados de la oposición acudieron al Ministerio Público para recordar que es
el propio Rafael Ramírez, como presidente de Pdvsa, el responsable de los movimientos
bancarios registrados en los fondos de los pensionados. La respuesta oficial
fue abrir una investigación de la que al día de hoy no existen noticias. El
caso, de cualquier forma, sigue en los tribunales de Estados Unidos, donde la
corte de Connecticut acaba de entregar el testigo más arriba en las esferas
federales.
PLAN
BOLÍVAR 2000. No fue uno sino varios casos de corrupción. Recién llegado a
Miraflores, Hugo Chávez lanzó en 1999 una serie de programas sociales que la
Fuerza Armada Nacional ejecutó con la premisa de la “alianza cívico-militar”.
Fue así como se vio a los soldados arreglando ranchos y vendiendo víveres con
la bandera del llamado Plan Bolívar 2000. El programa se extendió por más de
tres años y terminó salpicado por facturas enmendadas y cheques posdatados. En
Guárico, por ejemplo, se grabó a un soldado que –bajo las órdenes del general
Melvin López Hidalgo– cambió en efectivo un cheque a nombre de un ferretero. La
Contraloría emitió un informe en que determinó varios ilícitos, pero Chávez
salió en defensa del general Manuel Rosendo y otros señalados: “A lo mejor es
una falta administrativa que requiere una multa (…) pero no es para prender el
ventilador”.
CASO
ANDERSON. El atentado contra el fiscal Danilo Anderson la noche del 18 de
noviembre de 2004 develó corrupción en el sistema judicial. Las autoridades
desestimaron las actas policiales que señalaban una red de extorsión conocida
como la “Banda de los enanos”, pero luego reconocieron que del apartamento del
fiscal sacaron maletas de dinero en efectivo y máquinas para contar billetes.
Tras más de tres años de denuncias contra un juicio amañado, Hernando
Contreras, uno de los fiscales del caso, confesó en 2008 que habían forjado
actas y falseado testimonios por orden del fiscal general, Isaías Rodríguez. En
otras circunstancias, el magistrado Eladio Aponte apareció el año pasado
acusando al Gobierno de controlar los tribunales y hasta de forzar medidas a
favor de generales que llegaron a guardar droga en un cuartel de Carora.
DIOSDADO
& CIA. Los casos documentados a principios de 2009 en contra de los
dirigentes del PSUV, Luis Felipe Acosta Carlez, Diosdado Cabello, Ronald Blanco
La Cruz, Gian Carlo Di Martino, José Vicente Rangel Ávalos y Juan Barreto suman
más de 711 millones de dólares, que pudieron alcanzar para construir un
hospital en cada una de las localidades que gobernaban. La oposición ganó
Carabobo, Miranda, Táchira, Maracaibo, el municipio Sucre y Caracas en ese
tiempo y a partir de allí, llevó a la Contraloría y la Fiscalía una serie de
denuncias que quedaron engavetadas. Hubo casos más graves a la hora de sacar la
calculadora, pero en Miranda destacaron los más de 400 millones de bolívares
viejos que Cabello destinó para dos baños supuestamente remodelados, que encontraron
con cerámicas y piezas rudimentarias.
EL
MALETINAZO. Guido Antonini Wilson apareció el 4 de agosto de 2007 en Buenos
Aires con una maleta cargada de casi 800.000 dólares. El hecho destapó una red
de funcionarios de ambos países que viajaban con maletas de dinero en efectivo
sin ningún tipo de registro fiscal. Tras el escándalo, el gordo Antonini
apareció en Miami como testigo protegido de un juicio, en el que declaró que la
famosa “valija” era una de varias que sumaban 5 millones para la primera campaña
presidencial de Cristina Kirchner. Luisa Ortega Díaz se estrenó entonces en la
Fiscalía General de la República advirtiendo que lo revelado en Estados Unidos
no tenía incidencia en Venezuela mientras que el contralor, Clodosbaldo
Russián, prometió investigar. Años después, el embajador argentino, Eduardo
Sadous, denunció cobro de comisiones en los convenios bilaterales.
BANCOS
QUEBRADOS. Tanto el Gobierno como la oposición acusaron en 2009 a una serie de
banqueros y funcionarios como responsables de una “centrífuga financiera”, que
permitió vender bancos con los ahorros de los clientes de otros bancos. La
mayoría de los involucrados quedó libre y en el país, a pesar de las órdenes de
captura que el propio Gobierno había girado a través de Interpol. Los 15 bancos
intervenidos controlaban 13% de las captaciones del sistema financiero, eran
pequeños pero estaban consentidos con depósitos excepcionales de instituciones
públicas. Los tesoreros y funcionarios responsables nunca fueron tocados; ni
siquiera el superintendente de Bancos, Edgar Hernández Behrens, quien autorizó
a los empresarios Pedro Torres Ciliberto y Arné Chacón a adquirir Central y
Banco Real con préstamos ficticios.
CIUDAD
LEBRÚN. Jesse Chacón, al frente del Ministerio de Interior y Justicia,
sorprendió en 2006 denunciando al magistrado del Tribunal Supremo de Justicia,
Luis Velásquez Alvaray, por comisiones de más de 9 millardos de bolívares en la
compra de unos terrenos para instalaciones judiciales como la llamada Ciudad
Lebrún de Caracas, que prometía unos tribunales civiles remozados.
Sorprendentemente, Velásquez Alvaray contraatacó acusando al vicepresidente
José Vicente Rangel, al ministro Chacón y al entonces presidente de la Asamblea
Nacional, Nicolás Maduro, de dirigir una operación en su contra, a través de
una red de extorsión judicial conocida desde 2004 como “la Banda de los
enanos”. Al final Velásquez Alvaray huyó del país y los tribunales civiles
continuaron en la misma esquina de Pajaritos donde los ascensores no se dan abasto.
CENTRAL
AZUCARERO. Tras la construcción del Complejo Agroindustrial Azucarero Ezequiel
Zamora hubo cheques clonados, nóminas infladas y partidas desviadas para la
remodelación de la sede del Comando Maisanta en Sabaneta de Barinas. La
Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional determinó un daño de 3,3
millardos de bolívares y señaló como responsables a oficiales militares y
funcionarios como el entonces ministro de Agricultura y Tierras, Antonio
Albarrán. Al final, sin embargo, la Justicia solo tocó a los oficiales
militares. El proyecto fue vendido por el presidente Hugo Chávez como bandera
de la transformación del campo en su pueblo natal, pero luego resultó
ensombrecido por denuncias de corrupción que originalmente involucraron a
asesores cubanos y hasta a su familia. El Gobierno finalmente aprobó más
recursos para terminar la construcción, así terminó todo
